Por si no estaba claro, parece que estudiar y trabajar en Colombia es un juego de ajedrez en el que las piezas son cambiadas de lugar por la misma autoridad que debe jugarlas. ¿Alguna vez pensó que un PEP o un PPT (Documentos de identificación para migrantes venezolanos) serían la llave mágica para abrir la puerta del mercado laboral? Bueno, a menos que seas William, el protagonista de esta historia.
Se trata de un contador público, nacido al calor de la Universidad de Zulia, llegó a nuestro país en 2018 con la esperanza de que su título pudiera brillar aquí. Pero, como una mala broma, la Junta Central de Contadores de Colombia le dijo que no. Su primer intento por obtener la tarjeta profesional fue rechazado. ¿La razón? No acreditaba su "ánimo de permanencia" en el país. Y eso es lo que dicen, claro, con un lenguaje tan enredado como madeja de lana escolar.
William no se detuvo. Con otros documentos en la mano, volvió a presentar su solicitud en 2023. La umutada burocracia lo llevó por caminos tortuosos, donde las respuestas se disfrazaron de evasivas y las explicaciones se apagaron en el limbo de la desinformación. Finalmente, la Junta desoyó su derecho a una respuesta clara y concisa y optó por el silencio. Poético, ¿no? Un Estado que jamás se calla cuando se trata de cobrar impuestos.
Cuando William decidió reclamar su derecho a tener una respuesta efectiva ¡qué osadía!, la situación no mejoró. La Junta, no tuvo más remedio que dejarlo en la incertidumbre, hasta que, en un giro inesperado y un tanto cruel, decidió “decretar” el desistimiento. Su pretexto: nuevamente la falta de prueba de que efectivamente estaba domiciliado en el país. Una claridad habría sido que estas exigencias poco tienen que ver con la dignidad que merecen quienes han llegado a Colombia buscando un futuro mejor.
La Corte Constitucional en la sentencia T-129 de 2024 tuvo que entrar al rescate. Revocó el fallo de los jueces de las instancias negaron la acción de tutela que William adelantó por esas situaciones y resaltó que, efectivamente, el hecho de haber tramitado permisos como el PEP y el PPT (Documentos de identificación para migrantes venezolanos) mostraban una clara intención de permanencia. Sorprendentemente, no se vio la necesidad de un examen de lenguaje técnico o la polémica visa de “residencia” para comprobar el "ánimo de estar aquí". La decisión fue clara: la interpretación restrictiva de la Junta resultaba ser un obstáculo desproporcionado.
Así que, si uno quiere trabajar como contador, no solamente se necesita un título; también debe navegar aguas profundas de permisos y regulaciones que a menudo son más enrevesadas que las normas de una "ley de Estado".
En este circo burocrático, la necesidad de comprobar un estatus migratorio no debería convertirse en una barrera que excluye a quienes se esfuerzan por contribuir a nuestra sociedad. No se trata de quién es más “temporal” en su deseo de establecerse; se trata de que la humanidad y la dignidad primen sobre el encajonamiento en interpretaciones jurídicas desmedidas.
Así las cosas, la Junta no solo debe reconsiderar las solicitudes con un enfoque menos rígido, sino que también está siendo observada bajo la lupa de un sistema que necesita adaptarse, modernizarse y, sobre todo, humanizarse. La historia de William Alberto Pirela es un recordatorio de que, en este país, las visas y permisos deben depender menos de papeleos y más de la voluntad de quienes buscan aportar su talento y esfuerzo. En este juego de ajedrez, quizás se pueda reemplazar un peón por una humanitaria realidad que permita a un contador encontrar su lugar sin más laberintos burocráticos.
Esperamos, entonces, que William se convierta pronto en una ficha clave en el tablero de la contaduría colombiana. Después de todo, contar es también sumar experiencias y restar obstáculos.
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